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LA EXFISCAL, LA ALCALDESA Y EL EJECUTADO DEL ARCO CENTINELA
19.11.2023 12:27 pm Compártelo en:

No llegaron gratis ni solos los exfuncionarios de la Fiscalía Anticorrupción de la administración anterior, Ulises Sotelo Torres y Francisco Fabián García, a dirigir la defensa de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Marina Ceballos, hoy detenida por el cargo de peculado. 
No llegaron gratis ni solos los exfuncionarios de la Fiscalía Anticorrupción de la administración anterior, Ulises Sotelo Torres y Francisco Fabián García, a dirigir la defensa de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Marina Ceballos, hoy detenida por el cargo de peculado.

Ellos, uno vicefiscal y otro director jurídico de la institución en el periodo que estuvo a cargo de Gemma Guadalupe Chávez Durán, arribaron por la recomendación de la que sigue siendo su jefa, quien sí trató de ocultar al menos su nombre del evidente conflicto de interés en el que ahora está envuelta.

La revelación de la gobernadora Maru Campos sobre la presencia de la exfiscal Chávez con la alcaldesa el día de su detención, el pasado domingo, exhibe el dolo y la falta de ética en la actuación de los defensores, a quienes se unió también Francisco Martínez Valle, recientemente destituido como fiscal de la zona centro.

La exfiscal de la corrupción del gobierno de Javier Corral declinó aparecer abiertamente como la defensora de la alcaldesa. Por eso echó por delante a sus colaboradores, deslumbrados porque había presupuesto público para cobrar.

Chávez Durán escondió su nombre en el intento de esconder también el conflicto que ha quedado totalmente expuesto entre la detención y el proceso de control penal y vinculación a proceso de la primera mujer en el cargo de presidenta municipal que pisa el Centro de Rehabilitación Social de Aquiles Serdán.

En ese intento quedó evidenciado el cuestionable papel de los abogados que estaban comprometidos a luchar contra la corrupción, pero ahora usan las debilidades institucionales de la instancia que dirigieron, para defender a una presunta corrupta sobre la que pesa, hasta ahora, sólo una cautelar de prisión preventiva.

Eso, sin embargo, no es lo más grave que envuelve el caso de Ceballos Delgado. Detrás de su administración permanece intocada la estructura de la narcopolítica regional, una de las manifestaciones más atroces de la corrupción en el servicio público.

No sólo la institución de seguridad pública del municipio fue infiltrada por el crimen, sino todo el aparato engranado alrededor de la alcaldesa.

En ese mismo aparato estaban familiares, funcionarios y amigos de la alcaldesa; también los abogados que, al quedarse fuera de la nómina estatal, encontraron en la cuestionable defensa de Ceballos la llave de recursos que estaban buscando.

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Cuando arribó a su cargo el actual fiscal anticorrupción estatal, Abelardo Valenzuela Holguín, encontró a la dependencia con un reporte casi en blanco de una labor de cuatro años previos.

Designada en 2019 para un periodo de seis años, luego de haber estado en el cargo sin la supuesta autonomía que le llegó después a la Fiscalía Anticorrupción, Chávez Durán entregó el puesto en mayo de 2022. Poco antes, hizo público un informe tan pobre que prácticamente ni se notó cuando se fue.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la misma Fiscalía, entre 2019 y 2021 se iniciaron 154 carpetas de investigación, de las cuales 69 fueron determinadas y/o resueltas por el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional.

Con la manipulación de los números, Chávez Durán presumió una efectividad del 44.80 por ciento, un porcentaje superior a la de cualquier otra fiscalía en el país, según las cuentas alegres con las que se despidió.

Nadie la extrañó en el periodo entre que dejó el cargo y fue designado el nuevo fiscal. Con sus propias cifras, pudo verse que, entre esos números, también destacaba que de las 69 carpetas resueltas, sólo cuatro terminaron en sentencia condenatoria, 22 se judicializaron y en 30 decidió no ejercer acción penal.

Perdonó, sobre todo, la corrupción del régimen corralista. No fue capaz de demostrar la autonomía que tenía en el papel, pues encabezó la persecución contra Maru Campos como su causa prioritaria, que también era la causa prioritaria del Palacio de Gobierno de aquel entonces, olvidándose de todo lo demás.

Al final fracasó, desistiéndose de sus propias acciones emprendidas, cuando lo correcto habría sido el no ejercicio de acciones penales en los casos que prejuzgaba su jefe el gobernador.

Acabó de enlodar el nombre cuando, entre enero y mayo de 2022, se dedicó a buscar entre sus mismos casos a potenciales clientes dentro del estado. Así preparó su salida y la de los suyos de la Fiscalía Anticorrupción, como cualquier agente del Ministerio Público que de pronto decide litigar a favor de los que antes acusaba.

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En la línea del tiempo es muy fácil comprender la serie de vinculaciones de un proceso de corrupción criminal que esta semana recibió graves golpes, primero con la detención y luego con el cateo, el pasado viernes, a las oficinas municipales de Nuevo Casas Grandes. Fue algo inédito en una alcaldía.

Apenas tomó el poder en 2021, Ceballos comenzó con la venta de terrenos municipales sin el debido trámite legal que incluye la desincorporación del patrimonio público y la autorización del cabildo para enajenarlos.

Al mismo tiempo, entre su gabinete designó -o le instruyeron designar quienes se sienten dueños del pueblo y del gobierno- a Ricardo González Toalá como jefe de la Policía Municipal, quien había ocupado el mismo cargo en Janos y enfrentaba señalamientos de trabajar para un cártel.

También dio la secretaría municipal a Silvia Ivón Hernández Parra, quien hoy se encuentra en calidad de prófuga, nombramiento que, junto con el de seguridad y la tesorería, fueron claves para la fallida administración ligada al crimen organizado.

La alcaldesa y sus allegados mantuvieron un férreo control de los recursos públicos disponibles de NCG, más de 250 millones de pesos al año, que si bien en su gran mayoría se iban en gasto inercial, también les dejaban márgenes para actuar con beneficio para quienes recibían contratos y quienes los autorizaban.

La voracidad en el manejo presupuestal y los otros negocios al amparo del poder municipal -la venta de terrenos, pero también la permitida infiltración criminal- hicieron colapsar la administración en el año 2022. Ni los servicios más básicos fue capaz de prestar el gobierno, como recolección de basura o bacheo de calles.

A comienzos de 2023, con una crisis encima por la falta de aseo urbano, fue el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, quien presentó la primera denuncia por posible uso ilegal de atribuciones por la venta de terrenos, lo que derivó en la causa penal reclasificada como peculado por el fiscal Valenzuela.

Fue en marzo de este año, pues, que comenzó la caída de la alcaldesa y el juego del gato y el ratón entre Ceballos y la Fiscalía, mediante amparos y otros recursos patrocinados por el equipo anticorrupción de la administración pasada, que estuvo al mando de Chávez Durán.

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Para el mes de abril de este año, a mediados, es la Secretaría de la Defensa Nacional la que le pone el cascabel al gato con el asunto más explosivo que involucra a la alcaldesa y a su equipo, el de la seguridad y las vinculaciones criminales, terreno que todavía no acaban de explorar las autoridades ministeriales.

Ante la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y la presidenta del Congreso del Estado, Myriam Hernández y Adriana Terrazas, mandos militares expusieron los focos rojos del crimen en la entidad. Ahí apareció el señalamiento directo a la alcaldesa vinculada a Morena y al PAN en diferentes momentos, aunque ambos partidos ahora la nieguen.

Estaba iniciada la carpeta de investigación por la denuncia de la Auditoría Superior ante la Fiscalía Anticorrupción y llegó el nuevo elemento a sumarse. Vino entonces la virulenta y retadora reacción de quienes tienen el poder real en Nuevo Casas Grandes.

El dos de mayo apareció el ejecutado colgado del arco Centinela en la entrada de la ciudad, en lo que fue el mensaje más revelador de lo que hay en las entrañas de los gobiernos locales en esos municipios donde es la delincuencia la que no sólo impone jefes policiacos sino gabinetes enteros.

De entonces a la fecha es historia más conocida: desaparición de facto de la Policía Municipal, colapso de los servicios públicos, más nombramientos fallidos de Ceballos, su detención y la fuga de la exsecretaria municipal, pieza clave del entramado de corrupción de la alcaldesa, que va más allá del peculado.

Es inconcebible que el aparato de la Fiscalía Anticorrupción pasada, con Gemma Chávez a la cabeza, sea la defensa ahora de una imputada, sin pensar en complicidades criminales trabadas antes de todo este escándalo.

Tal vez la exfiscal también tenga algo que aportar a las investigaciones, que no pueden ser dejadas únicamente en el terreno del peculado, a la luz de todos los antecedentes.










Autor: GPS Dominical
Fuente: eldiariodechihuahua.com
manuelgandaras@gmail.com












RGL



 
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12/07/2024
Por: Dr. Fernando A Herrera Martínez



 
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